Tortura sexual o Violencia Político Sexual

LA ESTACA Nº5 – 2016 – Pág17 – Opinión

 Tortura sexual o Violencia Político Sexual

Por Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes

A 26 años de gobiernos civiles, post dictadura, el estado de Chile no ha tipificado el delito de tortura, proyecto actualmente en discusión.

Consideramos fundamental incorporar la tortura sexual como delito autónomo y no como una agravante o como mero elemento descriptivo del tipo penal, ello atendiendo a los siguientes fundamentos:

La violencia sexual constituye un tipo particular de violencia de género que se encuentra arraigada en las sociedades patriarcales, operando como un mecanismo social clave para continuar perpetuando la inferiorización y subordinación de las mujeres. La particularidad de este tipo de violencia es que se encuentra legitimada, tolerada y naturalizada, lo que hace que sea invisibilizada y se perpetúe su utilización por parte de quienes detentan el poder.

Atendido al juego de poder implícito de la violencia de género, las agresiones hacia las mujeres tienden a acentuarse y volverse más nítidas en contextos de conflicto armado o no democrático. En éstos, las mujeres son objetualizadas y devaluadas genéricamente, es decir, son abusadas, agredidas física, sexual y psicológicamente, violadas y asesinadas por hombres como una forma de propinar una derrota a otro grupo de hombres y enviar un mensaje simbólico de inacción hacia toda la comunidad.

En Chile, la dictadura estableció un verdadero patrón de violencia sexual contra las mujeres. Esta violencia política perdura hasta hoy y podemos dilucidarla en el contexto de las detenciones de jóvenes mujeres que luchan por una educación gratuita y de calidad, muchas de las cuales han sido obligadas a desnudarse, les han pasado los penes por sus cuerpos y han debido soportar manoseos por parte de la fuerza policial, no atreviéndose a denunciar estos actos por varias razones, entre ellas, la falta de un tipo penal especial que lo sancione. Del total de las denuncias efectuadas, el 90% de los casos han sido desestimados por falta de las pruebas que requieren los delitos sexuales en Chile o porque han sido vistas en tribunales militares. Igual situación corresponde a una práctica cotidiana en el caso de las mujeres mapuches.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Incluye una gama de actos intencionales que causan sufrimiento valiéndose de la condición de mujer de las víctimas, para intimidar, coaccionar, degradar, humillar, castigar o controlar, entre otros fines.

En Chile, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria sostienen que el ánimo lascivo constituye un elemento fundamental en el abuso sexual, sin embargo, en la tortura sexual este elemento no suele estar presente, ya que mediante su ejecución, el actor no persigue su autosatisfacción sexual, sino que busca intimidar, coaccionar, degradar, humillar, castigar o controlar a la víctima.

En este entendido consideramos que el incorporar delitos sexuales como la violación y el abuso sexual agravado como agravantes de la tortura, no sólo invisibiliza el factor de discriminación de género que se da en la tortura sexual, sino que por un lado agrega un elemento que en la práctica será imposible de probar debido a la incompatibilidad de los fines de la tortura y del abuso sexual, y por otro lado, omite la violencia sexual en la que no existe contacto físico alguno. Este tipo de violencia, no puede asimilarse en su etapa probatoria a los delitos sexuales comunes, toda vez que posee una doble naturaleza, política y de género, en donde el ejecutor del delito es siempre un agente del Estado o bien un particular con su consentimiento o aquiescencia y la víctima, en la mayoría de los casos es una mujer, situación que incluso podría asimilarse a la especificidad que se ha considerado en el caso del delito de femicidio.

La tortura sexual o violencia política sexual, se ha definido como una manifestación de la violencia institucional que conlleva elementos de tipo sexual, ejecutados en un contexto de desigualdad entre las partes, en el que los agresores aprovechan su posición de poder para someter a la víctima mediante el uso de la fuerza.

A diferencia de la violencia sexual común, la violencia política sexual se especifica porque los hechos forman parte de una política planificada, de aplicación sistemática y generalizada, hay complicidad de varios niveles del aparato estatal y los perpetradores, por acción, omisión u aquiescencia con personas pertenecientes al Estado y se apoya en la exacerbación de las relaciones estructurales de opresión y discriminación por clase, género y etnicidad.

La literatura concerniente a violencia de género y violencia institucional del Estado sostiene que la tortura sexual además de tener un componente de género implícito, tiene un objetivo eminentemente político, que es restablecer el orden de género tradicional para con ello obtener el control social. De esta forma se castiga más severamente a las mujeres que transgreden los mandatos de género, esto es, cuando se ven inmersas en procesos de cambios sociales, económicos, políticos o culturales que “perturben la estabilidad del país”, ello al ser consideradas portadoras “simbólicas” de una identidad y las productoras de las futuras generaciones de la comunidad.

Por otra parte, en relación a la especificidad del crimen, es importante señalar que no sólo la causa, sino también que los efectos de esta práctica son diferenciados.

Atendida la brutalidad de estas prácticas, el tiempo que se lleven a cabo, la intensidad de las mismas, la persona en particular y el tipo de sociedad en que se ejerza, múltiples son los efectos físicos, psicológicos y sociales que pueden llegar a producirse en la mujer que las padezca. La violencia política sexual invade de forma extrema el cuerpo, la mente y la sexualidad de la víctima, aspectos fundamentales en la construcción de la identidad personal. El cuerpo, la sexualidad y la subjetividad de la identidad de la víctima quedan profundamente trastocados, situación que hace tan particular la experiencia traumática.

En Chile se ejerció violencia política sexual sobre el cuerpo de las mujeres que fueron detenidas durante todo el período dictatorial, la extrema crueldad por la que ésta se caracterizó y el silenciamiento al que se han visto enfrentadas las mujeres sobrevivientes, pese a ello y pasando por alto incluso las recomendaciones internacionales de su reconocimiento. Los tres poderes del Estado han continuado invisibilizando y naturalizando la violencia política sexual hacia las mujeres, propiciando de esta forma la perpetuación de esta práctica sobre el cuerpo de las mujeres que luchan por sus derechos.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional incluye en su artículo 7, letra g, entre los crímenes de guerra, una categoría independiente de ofensas de naturaleza sexual que incluye actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de violencia sexual. Se tipifica la violencia sexual hacia las mujeres, como crímenes contra la humanidad cuando forman parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. La criminalización de estos actos conmina a los estados a tipificar este delito como diferente al de tortura.

La relevancia del hecho de sacar a luz dichos actos de violencia sexual contra las mujeres a través de su definición, criminalización y tipificación por órganos jurisdiccionales y con todo el respaldo de las leyes internacionales es invaluable.

El proyecto de ley que pretende tipificar el delito de tortura en el Código Penal Chileno carece de enfoque de género, el cual debe estar presente en toda política pública y legislación que se implemente, ello atendido el impacto y efecto diferenciado que éstas generan en hombres y mujeres. El proyecto continúa invisiblizando la violencia política sexual que se ejerció y se sigue ejerciendo contra las mujeres.

El hecho de que no se considere ni al menos se discuta la especificidad de esta práctica es francamente vergonzoso y aberrante, dejando en evidencia la persistencia de un fuerte sistema patriarcal.

Criticamos que el proyecto      –hoy en discusión– únicamente se limite a establecer una mera agravante en casos de violación sexual y abuso sexual agravado, toda vez que ello implica un no reconocimiento tajante de los miles de casos que sucedieron en dictadura, muchos de los cuales salieron a la luz tras 40 años de silencio y reaparecen hoy luego de nuevas denuncias efectuadas por mujeres jóvenes en el contexto de las manifestaciones estudiantiles y pueblos originarios.

La mirada de género no concierne tan sólo a la memoria sino que se ancla en el presente y se proyecta hacia el futuro, identifica un núcleo duro de las relaciones de poder en el cual el cuerpo de las mujeres es territorio de quien tiene el poder. Estas relaciones de poder están naturalizadas en la cultura, por lo tanto, el tema de las violaciones no adquiere jerarquía de daño.

Mirar desde el género incide no sólo en la conceptualización legal de las conductas sino también en los procesos de justicia, en los procesos de verdad, en las políticas de reparación y garantías de no repetición.

La violencia sexual es un síntoma visible de un sistema de dominación patriarcal que oprime a las mujeres en tiempos de paz y que se exacerba en tiempos de guerra, conflictos internos y situaciones dictatoriales, por lo que creemos necesario aportar a otras formas de justicia y de derecho, para que efectivamente las humanas tengamos derechos humanos.

Desde la perspectiva antes señalada creemos contribuir a validar en el discurso, en los espacios públicos, en la práctica judicial y legislativa, el carácter autónomo de los delitos de violencia política sexual o tortura sexual y su categorización como crimen de lesa humanidad, distinto al de tortura, imprescriptible, inadmistiable y con penas acordes a la gravedad de este crimen. De lo contrario, tal cual lo establece el proyecto en discusión, quedará como un daño colateral, invisibilizado en su especificidad y como un nuevo acto de violencia hacia las mujeres, uno más, por parte del Estado chileno y de ninguna manera reparatorio, para quienes fuimos víctimas de este crimen.

Poner fin a la impunidad en los casos de violencia política sexual o tortura sexual y tipificar este delito como crimen autónomo, conforman pasos fundamentales para la construcción de un país que tenga como principio rector de su patrimonio político y social de convivencia, la igualdad de género y el respeto inalienable a la dignidad de las mujeres, sus cuerpos, su sexualidad y sus derechos humanos.

 

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